Encubrimiento institucional hacia la violencia contra la mujer

Escrito por: Ana Paula Lozano Alfaro

El trato institucional hacia la mujer

Refiriéndonos a las instituciones como aquellas del sector público y privado, y desde aquellas que significan una organización académica o laboral hasta las que sirven al Estado, podemos partir para reflexionar sobre cuestiones como la paridad de género, la brecha salarial, el reconocimiento del desempeño en actividades por cuestión de género y demás situaciones que implican reconocer la causa del constructo social, donde se categoriza a la mujer como parte de un grupo en desventaja social y sistemática. A raíz de este hecho,  ‘se ve implícita’ la subordinación en el trato institucional y se desencadenan actos de violencia de género en su mayoría admisibles dentro de las instituciones, cuando en realidad reflejan una postura a favor de la impunidad e inequidad.

Si bien, aunque una de las funciones del derecho es brindar mecanismos para crear un escenario de igualdad de condiciones en los actos jurídicos, ¿Cómo podría llevarse a cabo si no hay un acto jurídico en primer lugar? Sin duda sería lo ideal en cuestión de violencia de género; pero cuando se niega la existencia de actos que ocurrieron, se imposibilita la obtención de justicia y se debilita el Estado de Derecho. Tristemente, muchas de las veces, el apoyo institucional hacia las víctimas en casos de violencia de género, aunque es crucial, resulta inexistente.

La transparencia y precedentes

Un caso de encubrimiento institucional de situaciones de acoso se ejemplifica en el de Exteriors en marzo de 2020, donde se involucró como presunto agresor al jefe de gabinete del canciller Carles Garcias Hernández, y siendo conocedores de los hechos el conseller Alfred Bosch y la secretaria general Mercè Salvat, quienes incumplieron llevar a cabo el protocolo. 

Planteando este escenario a nivel nacional, podemos dimensionar dichas situaciones en distintos casos, pero tomando el ejemplo de octubre de 2019, donde alumnas de la UNAM tomaron 11 facultades en forma de protesta por la falta de atención a casos de acoso institucional, 

“¿Por qué parecen insuficientes las más de 70 denuncias contra profesores y alumnos? Este espacio siempre ha sido para nosotras un peligro y no queremos que lo sea para las que vienen.”

Ambas situaciones reflejan la falta de respuesta institucional para la validación de las personas afectadas, y una escasez en la disposición de las instituciones para colaborar en la implementación de medidas para evitar la consumación de este tipo de delitos.

La cuestión es el reconocimiento de hecho que permita los procedimientos necesarios para atender el caso. Desde el punto de vista de acción legal y política hacia los casos de violencia de género, la existencia de precedentes legales es crucial para impulsar iniciativas que resulten de forma exitosa para la actualización de la ley en la materia; por ejemplo, la iniciativa presentada ante la SCJN por la Ministra Luna Ramos para reconocer la paridad de género como un derecho fundamental, y desencadenar iniciativas que atiendan las necesidades reales de la sociedad mexicana, como el reconocimiento de términos jurídicos para el reconocimiento de la importancia de generar consecuencias y prevención de futuros hechos.

Foto recuperada de México Desconocido


Ana Paula Lozano Alfaro

Estudiante de la Licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey

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