El presidente ha optado por el camino de la transgresión, en donde a merced de su voluntad le es válido desunirse del Estado de Derecho y de la pauta imperante que constituye a nuestra nación; el retroceso en el panorama del reconocimiento de los derechos y garantías mediante el reclamo promovido en los recursos jurisdiccionales es angustiante. El presidente se ha enemistado tanto con la administración de justicia, al punto de pretender suprimirla con facultades que ilegítimamente se ha atribuido. Es preocupante el riesgo en el que está la observancia del imperativo constitucional por sobre todos los Poderes de la Unión, siendo el preámbulo de un demencial y caótico panorama para el mundo jurídico, al cual se le pretende aplicar una moción de censura mediante los poderes fácticos.