De acuerdo al amparo 51/2020 se narra que, el 24 de mayo de 2007, el ejército mexicano llevó a cabo un operativo en un hotel del estado de Oaxaca. Las personas detenidas fueron llevadas ante la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca; sin embargo, hasta la fecha se desconoce su paradero. El 2 de diciembre de 2016 la agente del Ministerio Público precisó que se conocería como desaparición forzada únicamente si está involucrada la delincuencia organizada. Esta afirmación da a entender que el Estado no puede cometer el crimen de desaparición forzada.